Profepa clausura fundidora y centro de verificación en Tlaxcala por irregularidades

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal de una fundidora y un centro de verificación vehicular en Tlaxcala, tras detectar múltiples irregularidades en sus operaciones que ponían en riesgo el medio ambiente y la salud pública.

Según el reporte oficial, ambos establecimientos operaban sin contar con los permisos ambientales vigentes y presentaban deficiencias graves en el manejo de residuos peligrosos, lo que motivó la intervención de las autoridades federales.

Hallazgos de la inspección

Durante los operativos realizados esta semana, inspectores de la Profepa documentaron que la fundidora no contaba con sistemas adecuados de filtración de emisiones atmosféricas, mientras que el centro de verificación presentaba irregularidades en el almacenamiento de sustancias químicas utilizadas en las pruebas vehiculares.

De acuerdo con medios nacionales, las empresas clausuradas tenían antecedentes de quejas vecinales por emisión de humos y olores, aunque no se había concretado una inspección formal hasta esta semana.

"Se detectaron violaciones a la normatividad ambiental que representan riesgos para la población y los ecosistemas cercanos", señaló la Profepa en un comunicado.

Medidas correctivas

Las empresas afectadas deberán cumplir con una serie de requisitos para poder reanudar operaciones, entre ellos:

• Obtener o actualizar las licencias ambientales correspondientes
• Implementar sistemas de control de emisiones certificados
• Presentar un plan de manejo de residuos peligrosos
• Realizar auditorías ambientales con terceros autorizados

La clausura se mantendrá vigente hasta que las empresas demuestren el cumplimiento total de la normatividad ambiental federal. En caso de reincidir, podrían enfrentar sanciones económicas superiores al millón de pesos y la cancelación definitiva de sus permisos de operación.

Autoridades estatales indicaron que trabajarán en coordinación con la Profepa para garantizar que las empresas regulen sus procesos antes de reabrir.